Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial  |  16 de octubre de 2026

Desde SoPaIA expresamos nuestra preocupación y denunciamos públicamente el riesgo de que la promoción de megaproyectos de inteligencia artificial y centros de datos consolide enclaves digitales de dependencia tecnológica: instalaciones que utilicen energía, territorio, infraestructura y datos paraguayos, mientras las decisiones tecnológicas y la mayor parte del valor  generado queden fuera del país. 

El Gobierno tiene la obligación de someter los compromisos de recursos públicos a evaluación transparente y escrutinio público. Convocamos a las organizaciones sociales y académicas a construir una visión nacional en consenso.

La prioridad debe ser el bienestar de la población. Antes de comprometer grandes cantidades de energía eléctrica, el Estado debe demostrar cómo atenderá simultáneamente las necesidades de los hogares, los servicios públicos y la producción nacional en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo vigente; cuánto costarán las obras adicionales requeridas ; quién las financiará y qué efectos tendrán sobre las tarifas. La ciudadanía no debe asumir costos sociales o riesgos empresariales sin justificación pública y beneficios colectivos verificables.

La magnitud de los proyectos anunciados exige respuestas. El MITIC informó el 20 de mayo de 2026 que la cooperación con Taiwán contempla una primera fase de 10 MW de cómputo y una eventual expansión con requerimientos eléctricos cercanos a 1,5 GW. El esquema anunciado prevé que Paraguay aporte energía y espacio físico, mientras Taiwán proporcionaría equipamiento tecnológico. Se trata de un proyecto por etapas cuya eventual entidad binacional requeriría aprobación legislativa, según el propio ministerio. Es indispensable transparentar los compromisos asumidos, la valoración de los aportes, los costos, los beneficios esperados y las condiciones de gobernanza.

A estas iniciativas de cooperación internacional se suman proyectos privados de centros de datos y otras actividades electrointensivas, incluyendo operaciones vinculadas a activos digitales. Aunque presentan características y beneficios potenciales diferentes, su demanda energética acumulada exige una evaluación conjunta de sus impactos sobre la disponibilidad eléctrica, las inversiones en infraestructura, las tarifas y el ambiente. El Estado debe distinguir entre los distintos usos de la energía y evaluar su contribución efectiva al empleo, la innovación, la productividad y el desarrollo nacional, evitando comprometer recursos estratégicos sin considerar sus costos de oportunidad y beneficios colectivos.

La ANDE dispone de un Plan Maestro de Generación 2024–2043, que contempla nuevas fuentes de generación de energía y obras de infraestructura. Desde SopaIA instamos al Gobierno a transparentar con evidencias, cómo incorpora a esa planificación la demanda acumulada de estos proyectos, con financiamiento, plazos y escenarios de sequía y crecimiento del consumo. Debe explicar qué ocurriría si las inversiones energéticas se retrasan y quién asumiría el costo de abastecer los nuevos compromisos.

El riesgo de extractivismo aparece si los aportes paraguayos sostienen negocios de exportación digital sin desarrollar capacidades locales proporcionales ni distribuir sus beneficios. Para evaluar cada iniciativa deben conocerse los contratos, la valoración de los aportes paraguayos, los ingresos públicos esperados, los empleos permanentes generados, las capacidades instaladas en el país y las obligaciones de transferencia tecnológica. Corresponde al Gobierno y a los promotores demostrar esos resultados mediante compromisos exigibles y fiscalizables. Necesitamos políticas públicas serias y sostenibles. 

La soberanía tecnológica del Paraguay debe traducirse en capacidad efectiva para decidir y operar. Todo proyecto que procese información pública o datos personales debe precisar quién controla los accesos, bajo qué jurisdicción se administra la información y cómo continuará el servicio si cambia el proveedor. La cooperación con Taiwán, Estados Unidos o cualquier otro socio debe responder a prioridades paraguayas y quedar sometida a control democrático. Y no simplemente a la agenda de corporaciones o intereses de otros países.

SoPaIA insta al Poder Ejecutivo, especialmente al MRE, MIC y MITIC, a la ANDE y al Congreso Nacional, en el ámbito de sus respectivas competencias, a adoptar las siguientes medidas:

  1. Garantizar transparencia. Publicar acuerdos y anexos, beneficiarios finales, condiciones eléctricas, incentivos y obligaciones fiscales. Identificar las responsabilidades de cada parte y responder las solicitudes de información con documentación verificable.
  2. Evaluar integralmente los impactos. Presentar el impacto acumulado de los proyectos públicos y privados sobre generación, redes, tarifas, agua y territorio; comparar alternativas de uso de la energía y establecer prioridades de abastecimiento.
  3. Asegurar que beneficios permanezcan en Paraguay. Fijar metas auditables de formación, empleo calificado, investigación, participación de proveedores locales y acceso al cómputo para universidades y servicios públicos. Integrar la política de IA con educación, salud, fibra óptica y conectividad nacional.
  4. Garantizar el control democrático y la protección de datos. Establecer auditorías independientes, rendición de cuentas y reglas de administración, continuidad y salida. Publicar indicadores de cumplimiento y habilitar participación de las comunidades afectadas.
  5. Establecer condiciones previas a nuevos compromisos. Abstenerse de conceder nuevas reservas de potencia, garantías o beneficios públicos para megaproyectos sin evaluación integral publicada y debate público informado sobre sus costos y contrapartidas.

Se invita a organizaciones de la sociedad civil, universidades, sindicatos, comunidades, gremios profesionales y empresas nacionales a articularse en una mesa abierta e independiente por la planificación energética y la soberanía digital. Se propone acordar una primera reunión de articulación, reunir las solicitudes de información y sus respuestas, elaborar una agenda común y solicitar una audiencia pública con las autoridades responsables.

El objetivo es convertir esta denuncia en capacidad colectiva de propuesta y vigilancia. La sociedad paraguaya debe intervenir en las decisiones sobre sus recursos, exigir beneficios medibles y definir qué desarrollo tecnológico necesita. El futuro energético y digital del país requiere una planificación construida con la ciudadanía.

Paraguay debe transformar su capacidad energética en conocimiento, innovación, productividad y bienestar. Aspiramos a un modelo de desarrollo tecnológico que fortalezca nuestras universidades, empresas, instituciones públicas y talento nacional, con autonomía de decisión y beneficios sostenibles para toda la sociedad. El futuro energético y digital del Paraguay debe construirse con la ciudadanía, en función del interés nacional y con responsabilidad hacia las próximas generaciones.

Fuentes de los anuncios y planes citados

[1] MITIC · Piloto de IA y etapas de expansión · 20/05/2026.

[2] ANDE · Plan Maestro de Generación 2024–2043 · Introducción y proyecciones.

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